De víctimas y verdugos

Hace un par de días ( 9 de junio de 2007) el periódico El País recogía una noticia sobre acoso escolar a una alumna del instituto Miguel Hernández de Alicante. La muchacha de segundo de ESO había sido objeto de vejaciones reiteradas y tocamientos por parte de un grupo de cuatro alumnos de carácter violento y conflictivo. La dirección del centro fue advertida, cuando los padres tuvieron conocimiento de lo que estaba pasando, de que o tomaban medidas ejemplares o llevarían el tema a la policía y a la justicia. Esto fue el 23 de mayo.

El juzgado de Menores de Alicante que lleva el caso ha dictado algunas medidas que deberán cumplirse en relación a la alumna agredida: los agresores deberán mantener una distancia de 300 metros con la víctima y habrán de realizar un curso de orientación sexual; además les han prohibido tener ningún tipo de comunicación por cualquier medio, tanto dentro como fuera del centro. La muchacha estará comunicada con un policía mediante el teléfono móvil. Son medidas que se asemejan mucho a las que se establecen con mujeres maltratadas.

A partir de aquí lo que más me sorprende es la reacción del centro educativo. No se han puesto en ningún momento en contacto con la familia para solidarizarse ni han llevado el caso al consejo escolar, las medidas contra los muchachos agresores han sido lentas y muy leves. Por otro lado, la dirección del centro se ha cerrado en un total hermetismo sin querer ofrecer su versión de los hechos a la prensa. En ello coincide con la Consejería de la Comunidad Valenciana que ha declinado dar ningún punto de vista sobre el tema.

Algunos alumnos que conocían lo que estaba pasando dan la razón a la muchacha, pero otros se refieren a ella despectivamente como “la violada”, y se apartan de ella diciendo “no le saludes que te denuncia…”

Esta situación coincide en sus parámetros con otra que conozco aquí en Cataluña en Olesa de Montserrat. Un muchacho es acosado sistemáticamente y agredido por sus características personales que le hacen fácil pasto de las amenazas de los más brutos o necios. Los padres del muchacho se ponen en contacto reiteradamente con la dirección del colegio (privado) para que conozcan la agresión y ésta actúa sin demasiada convicción y poniendo paños calientes a la situación que no logra atajarse. El niño sigue siendo agredido en el interior y en el exterior del colegio. Al final la familia plantea una denuncia contra los agresores y la dirección del centro por su pasividad. El muchacho ha tenido que abandonar el colegio y recibe apoyo escolar en su casa a cargo del Departament d’Ensenyament. Tiene miedo a salir a la calle porque le han amenazado de muerte. Sus compañeros se solidarizan con los agresores y le tildan de exagerado y la dirección del centro relativiza la situación y dice que la culpa es de los padres. Niega la gravedad de los hechos y coinciden con la opinión de que se ha dramatizado algo que son simplemente cosas de críos.

Me producen extremo malestar estas reacciones de los centros educativos cuando son puestos en cuestión. Conozco la dificultad de establecer responsabilidades en un proceso de acoso escolar. No es fácil demostrar lo que está pasando. Los acosadores son taimados y astutos. Cuentan con la complicidad y el miedo de los compañeros que no suelen prestarse a declarar lo que todo el mundo sabe. Nadie quiere meterse en líos peligrosos y las víctimas son miradas con desdén por un sector escolar. Pero ¿por qué esa anómala reacción de las instituciones escolares? ¿Por qué no hay un decantamiento claro por la posición de las víctimas? ¿Por qué reducir estas situaciones gravísimas a un genérico cosas de críos? ¿Por qué los mecanismos reglamentarios actúan con tanta parsimonia y falta de contundencia? ¿Por qué las escuelas e institutos se cierran como una concha cuando son denunciados por su inacción y pasividad?